La Universidad Pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional; agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y
convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales.
Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes). Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022.
El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria,
que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad.
En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!.
Reivindicamos los Convenios Colectivos sectoriales – docentes y nodocentes – y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno Nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del
diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo
envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes).
Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad.
El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas
empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la Universidad Pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir
satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho.
Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la Universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. TODOS los problemas que tenemos se resuelven con
más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología.
Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla.
Buenos Aires, 23 de abril de 2024
Frente Sindical de Universidades Nacionales
Federación Universitaria Argentina (FUA)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)